Dentro de las agendas pendientes de los gobiernos en América Latina, siempre estaba la de atender la brecha digital que hay en nuestras sociedades. Solo a partir de un acontecimiento como la pandemia que vivimos, fue que se volvió prioritaria la atención de los mas vulnerables en temas de conectividad y acceso a la información.
El reporte 2020 de Datareportal en conjunto con Statistas, Globalwebindex: GSMA, “We Are Social” y Hootsuite, mostró que en el mundo, 4.500 millones de personas tienen acceso a Internet, lo que constituye un 59% de la población mundial, es decir que alrededor de 3.200 millones de personas no tienen acceso a Internet en el mundo.
En América del Sur, casi 120 millones de personas no cuentan con acceso a Internet y 302 millones aproximadamente, si lo tienen. Esto pone a esta región del mundo por encima de la media mundial con un acceso del 70%. Las cifras de conectividad en Latinoamerica, a primera vista no parecen tan desalentadoras, pero se debe tener en cuenta un componente adicional, muy importante en la ecucación del acceso a la información. El ancho de banda.
En el caso de América Latina, la mayor velocidad de acceso a Internet las tienen Uruguay y Chile, aunque se considera de acuerdo a los estándares oficiales fijados por los gobiernos, que una conexión de Banda Ancha en la Latinoamérica es superior a 20mbps (Mega bites por segundo), mientras que en España o Corea del Sur debe superar los 100mbps.
El termino “Brecha digtal” se hizo más palpable cuando de repente la pandemia fué el tema del día a día, y millones de personas pasaron a un estado de confinamiento, donde muchos perdieron su empleo, su vida social, se afectó la salud y la gran mayoría no pudo seguir en su proceso de educación. Según las Naciones Unidas, 1,200 millones de niños en todo el mundo se han quedado sin ir a la escuela por la pandemia. En Ecuador apenas el 37% de las familias tiene acceso a internet, significa que 6 de cada 10 niños no pueden estudiar. En Costa Rica de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), la mitad de los estudiantes no tienen acceso permanente a Internet, computadora, tableta o teléfono inteligente. En Argentina el déficit de acceso a la información en la infancia y adolescencia, evidenció que el 48,7% no tiene PC en sus casas.
En la recuperación y avance hacia una conectividad más igualitaria, los gobiernos cumplen un papel primordial, donde deben existir políticas muy ajustadas a las diferentes realidades de cada nación. No ha sido igual el proceso de implementación en un país como Uruguay donde la densidad poblacional y su extensión difiere de otros países como Brasil o Colombia, siendo este ultimo uno de los mas destacados en implementación de programas de gobierno orientados a disminuir las brechas por medio de inversiones colosales y reportando mejoras sustanciales aún en medio de nuestra realidad social y política.
Estas iniciativas deben poseer ciertos componentes para garantizar el exito de sus propósitos y al mismo tiempo acelerar las mejoras de conexión para todos. Desde la apropiación social de la TIC en una dimensión necesaria para garantizar que las comunidades realmente se conecten con los eslabones de la cadena de la comunicación digital, dicho de otra forma, que las inversiones en tecnología estén acompañadas de procesos sociales, pedagógicas y didácticos.
Disminuir la brecha digital, no es necesariamente la prioridad de las grandes compañías de telecomunicaciones, cuyo legítimo interés, es la rentabilidad, lo cual en la mayoría de los casos riñe con los propósitos sociales para la disminución de la brecha. La mayoría de las licencias de operación en toda América Latina para estas compañías, incluyen el 100% de los territorios nacionales, sin embargo como lo demuestran las cifras, su cobertura está principalmente concentrada en los centro urbanos. En contraste los pequeños proveedores de Internet o WISP (Wireless Internet Server Provider), son los que mejor conocen a sus propias comunidades y las particularidades de la geografía de sus regiones, por lo que ellos deberían ser los principales actores en la transformación digital, sumando y articulando sus capacidades.
En conclusión, la Brecha Digital es una de las mayores amenazas para el aumento de la pobreza y la desigualdad en toda la región, un fenómeno que se hizo visible con la coyuntura actual de la pandemia, dejando a millones de ciudadanos ya no solamente sin acceso a la conectividad, sino adicionalmente sin acceso a la educación, el trabajo, la salud y las telecomunicaciones.
Si bien existen importantes y constantes esfuerzos en políticas públicas tendientes a la disminución de las brechas en distintos países de la región, se hace necesario que estos esfuerzos se enfoquen en priorizar los aspectos transversales que enumeramos para poder superar los desafíos de interconexión y de comunicación en terminos de igualdad y de sostenibilidad en el tiempo.